"El Estado crea abogados, para que sean custodios de las instituciones jurídicas, para que las defiendan y las mejoren, no para que se ocupen en destruirlas y desacreditarlas, sembrando la inquietud, la desconfianza, y el odio, que son fruto de la injusticia y el despojo. Si peligrosa es la amoralidad de los jueces o su simple desviación recta intangible de su Ministerio, no lo es menos la de los abogados, que tienen por delante el incentivo del éxito y de la fortuna" (Podetti, "Tratado de los Actos Procesales")

Aplicación de la Ley 26485 en el ámbito laboral


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Vamos aclarando el panorama: La Ley Nacional 26485, promulgada en el 2009, y a la que Mendoza adhirió con la Ley 8226, es la "Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales". No se titula "ley contra la violencia de género". Esta ley proteje a la mujer en forma integral de la violencia en todas sus formas: física, psicológica, sexual, patrimonial,  económica, simbólica, mediática, reproductiva, institucional y hasta obstétrica.
Esta ley está basada principalmente en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (ratificada por ley 24.632, B.O. 9/4/1996), conocida como convención de Belem do Pará, y en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de discriminación contra la Mujer (Naciones Unidas, 1979, ratificada por ley 23.179 (B.O. 03/06/1985; incorporada a la Constitución Nacional por art. 75 inc. 22)
La Ley 26485 define a la violencia directa contra la mujer a "toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes."
Y también a la violencia indirecta contra la mujer a "toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón".
Entonces como podrán ver, no se trata de una ley aplicable sólo cuando un hombre maltrata a una mujer, sino que desde una mirada de la mujer como víctima en una "relación desigual  de poder", puede ser maltratador no sólo un hombre, sino otra mujer, y hasta el Estado mismo.
Cuando hablamos de hombre o mujer maltratador también lo puede hacer en su rol de empleador/a, ya que la mujer trabajadora, en la relación laboral, se encuentra en esa "relación desigual de poder", por lo que en caso de maltrato, el empleador privado (hombre, mujer) será responsable en virtud de violar la obligación de seguridad que todo empleador/a debe ofrecer en su relación laboral (Art 75 LCT) y por ese daño debe responder con una indemnización.
En el caso del Estado empleador será responsable porque como tal, es el principal que debe velar por la salud y seguridad de sus administrados y trabajadores.
Con respecto a la violencia en el ámbito laboral, la ley expresa que es "aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una  determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral"
La ley 26485 es una ley especial, de orden público y transversal, vale decir atraviesa todo el ordenamiento normativo argentino, porque el sujeto a tutelar es la misma mujer en esa relación desigual de poder, razón por la cual tiene esta ley tiene beneficios "especiales" para ella en su protección: por ejemplo, cualquier juez, de cualquier competencia, es competente para recibir denuncias por esta ley y ordenar las medidas urgentes y preventivas para proteger a la mujer en riesgo. Luego, podrá remitir  la causa o reclamo al juez de familia o laboral o civil si correspondiere.
Párrafo aparte merece la responsabilidad del Estado en las conductas violentas contra la mujer en su rol de trabajadora: La ley 26485 es clara, ya que en su Art 4 expresa que "Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes." Vale decir, el Estado también responderá por los daños ocasionados por sus funcionarios violentos o maltratadores y por no haber tomado medidas de prevención. Y el Art 18 obliga a los operadores públicos a realizar la denuncias aún cuando no "el hecho no configure delito", vale decir que la omisión de denuncia por parte de los agentes públicos también es sancionable.
Dr Omar E. Villarruel
ABOGADO (UnCuyo)
Especialización Derecho del Trabajo (UnCuyo/Univ. Litoral)
Maestrando Maestría del Derecho del Trabajo (UDA/UnTREF)

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