"El Estado crea abogados, para que sean custodios de las instituciones jurídicas, para que las defiendan y las mejoren, no para que se ocupen en destruirlas y desacreditarlas, sembrando la inquietud, la desconfianza, y el odio, que son fruto de la injusticia y el despojo. Si peligrosa es la amoralidad de los jueces o su simple desviación recta intangible de su Ministerio, no lo es menos la de los abogados, que tienen por delante el incentivo del éxito y de la fortuna" (Podetti, "Tratado de los Actos Procesales")

DERECHOS HUMANOS Y PRINCIPIOS DEL DERECHO DEL TRABAJO



Excelente trabajo que deseo compartir con Uds.








LA REFORMA CONSTITUCIONAL

A partir de la reforma constitucional de 1994, con la incorporaciòn a nuestra Ley Fundamental de Declaraciones, Tratados y Convenciones sobre Derechos Humanos, se ha operado un enorme cambio en el sistema normativo.

La transformaciòn ha sido vista como un nuevo paradigma (1), lo que justifica poner nuestra atenciòn en el tema.

El objetivo del presente estudio, es analizar a los principios fundamentales del derecho del trabajo, la medida en que han sido afectados por el paradigma vigente y cual es la misiòn de abogados y jueces en este momento històrico.

Actualmente, la Constituciòn Nacional no es el ùnico pacto que regula las relaciones polìticas, econòmicas y sociales, ya que hay otros y variados pactos mediante los cuàles se estructura la sociedad democràtica, y el nuevo pacto es el respeto de los derechos humanos por medio de tratados internacionales (2).

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

En su clásica obra sobre los principios del derecho del trabajo, Plá Rodríguez señalaba que los autores no estaban de acuerdo en cuanto al número y denominación de los distintos principios (3), pero en realidad se aprecia que sobre diferencias mínimas hay consenso en cuanto al fondo de la cuestión. Asì, proponía los siguientes: 1- Principio protector: del cual derivan tres ideas: a) in dubio pro operario, b) regla de la aplicación de la norma más favorable, c) regla de la condición más beneficiosa; 2- Principio de la irrenunciabilidad de los derechos, 3-Principio de la continuidad de la relación laboral, 4- Principio de la primacía de la realidad, 5- Principio de la razonabilidad, 6- Principio de buena fe. A su vez, Justo López agrega los de trato igual (no discriminación) y de integración o actuación colectiva, que se refleja en el art. 14 bis de la C.N., en los derechos sindicales y en la participación en las ganancias con control de producción y colaboración con la dirección. Por su parte, Juan Carlos Fernández Madrid, estima que, de acuerdo a la evolución y el sentido último del derecho del trabajo, el principio protectorio es el centro alrededor cual gira toda la normativa laboral (4). Para el ùltimo citado, las reglas de aplicación del principio protectorio son: a) in dubio pro operario; b) la selección de la norma más beneficiosa; c) irrenunciabilidad de derechos; d) indemnidad y ajenidad al riesgo empresario; e) subsistencia de la condición más favorable; f) no discriminación; g) facilitación de las pruebas en el proceso (presunciones laborales). Finalmente, Ricardo Cornaglia, introduce el principio de progresividad, el que, segùn su punto de vista impregna a todo el sistema normativo laboral de sus notas características y excluyentes (5). Visión actualizada de lo que Deveali entendía como uno de los principios de la ciencia de la legislación laboral y denominaba de la progresiòn racional .

EL PROGRAMA SOCIAL CONSTITUCIONAL

En ocasiòn anterior (6) señalamos que nuestro programa social constitucional se propone: “...afianzar la justicia...y promover el bienestar general...” (prèambulo), para ello “ todos los habitantes de la Naciòn gozan del derecho...a trabajar” (art. 14), “el trabajo en sus diversas formas gozarà de la protecciòn de las leyes...” (art. 14 bis) y “el gobierno federal està obligado a afianzar sus relaciones con las potencias extranjeras por medio de tratados...” (art. 27). De èstos: los que versan sobre derechos humanos y se hallan enunciados en el art. 75 inc. 22, poseen jerarquìa constitucional, y los simples tratados y concordatos tiene jerarquìa superior a las leyes (7). A su vez, corresponde al Congreso de la Naciòn “proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso econòmico con justicia social, ...a la generaciòn de empleo, a la formaciòn profesional de los trabajadores...” (art. 75 inc. 19), asì como “legislar y promover medidas de acciòn positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constituciòn y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos...” (art. 75, inc. 23).

EL PRINCIPIO PROTECTORIO

Estimamos que, el principio protectorio ha sido reforzado por las Declaraciones, Convenciones y Tratados sobre Derechos Humanos, lo que reafirma -desde el plano constitucional- la preocupaciòn por el legislador constituyente de lograr la paz social en base al reconocimiento de la dignidad intrìnseca y de los derechos iguales e inalienables de la persona humana.

Asì, los pueblos de las Naciones Unidas se declaran resueltos a promover el progreso social y elevar el nivel de vida de los individuos, por lo que los gobernantes deben esforzarse con medidas progresivas al reconocimiento y aplicaciòn universales del respeto a estos derechos y libertades. En especial, toda persona tiene derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protecciòn contra el desempleo, a una remuneraciòn equitativa y satisfactoria, a fundar sindicatos, a sindicarse, en fin a un nivel de vida adecuado para sì y su familia (8).

A su vez, los Estados Americanos han reafirmado su propòsito de consolidar en este continente -dentro del cuadro de las instituciones democràticas- un règimen de libertad personal y justicia social, para ello los Estados Partes se comprometen a respetar los derechos y libertades y a adoptar las medidas que fueren necesarias para hacerlas efectivas. Al mismo tiempo se obligan a adoptar providencias -tanto a nivel interno como mediante la cooperaciòn internacional- para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos (9). En especial, las referidas al logro del pleno empleo, la orientaciòn vocacional, el desarrollo de proyectos de capacitaciòn tècnico profesional y particularmente los programas destinados a los minusvàlidos y los tendientes a que la mujer pueda contar con efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo (10). Esta apretada sìntesis, no lleva a concluir en sentido que el principio protectorio que tiene vigencia normativa en el art. 14 bis, se halla reforzado y complementado con los instrumentos internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad.

EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD

El propòsito de “...promover el bienestar general...”, y la garantìa de que “...el trabajo en sus diversas formas gozarà de la protecciòn de las leyes indica el sentido prospectivo de las normas constitucionales (11), que van en idèntico sentido -hacia el futuro- de lo dispuesto por las Declaraciones, Convenciones y Tratados sobre Derechos Humanos que fuìmos reseñando. Por lo que, el principio de progresividad tambièn ha sido fortalecido y ampliado por las normas contenidas en los instrumentos citados en segundo lugar. La importancia de esto, reside en el hecho de que las obligaciones concretas asumidas por nuestro Estado resultan exigibles judicialmente. Nacen asì, obligaciones positivas que en la mayorìa de los casos deben solventarse con recursos del erario pùblico por lo que la violaciòn a las disposiciones internacionales puede emanar de una omisiòn por parte de los poderes pùblicos (12).

A los fines del presente trabajo, nos interesa destacar -con relacion al PIDESC- que los estados contratantes se comprometen a adoptar medidas en forma progresiva -lo que dà idea de una cierta gradualidad-, pero que la obligaciòn mìnima es la obligaciòn de no regresividad, es decir que: deben abstenerse de adoptar polìticas y medidas que empeoren la situaciòn de los derechos econòmicos sociales y culturales vigentes al momento de adoptar el tratado internacional. Como lo sugieren Cornaglia -cita 5- y Abramovich-Courtis -en 12- esta obligaciòn se articula con el principio de razonabilidad (art. 28 C.N.), ya que ambos principios tiene por objeto asegurar el debido proceso sustantivo a travès del control de contenido de la reglamentaciòn de los derechos. Por lo que, la obligaciòn de no regresividad implica un control “agravado” del debido proceso sustantivo (13).

La forma de judicializar derechos econòmicos, sociales y culturales, tendrìa una doble vìa: a) el derecho a no ser discriminado -compromiso asumido por el Estado en el art. 2.2. del PIDESC- y b) la garantìa del debido proceso -art. 8 de la Convenciòn Americana de Derechos Humanos-.

LAS REGLAS IN DUBIO PRO OPERARIO, LA SELECCION DE LA NORMA MAS BENEFICIOSA, DE LA CONDICION MAS FAVORABLE Y DE NO DISCRIMINACION:

Siguiendo la orientaciòn de Fernàndez Madrid, en cuanto a las reglas de interpretaciòn y aplicaciòn; hallamos que èstas tiene su sìmil en el orden de las normas supranacionales. Asì, las tres primeras deben complementarse con el principio pro homine y la ùltima -ademàs de la ley 23.592, contra actos discriminatorios- con los derechos al trato igual y a la no discriminaciòn.

Dado que los principios generales tienen una triple funciòn: a) de interpretaciòn, b) normativa -o integradora- y c) fundamentadora -o informadora-, las reglas citadas adquieren renovada vitalidad y trascendencia para la decisiòn de los conflictos laborales. Las cuestiones que ofrezcan dudas al intèrprete, sobre el sentido de la norma laboral; el caso de concurrencia de normas destinadas a reglar una misma situaciòn jurìdica; la situaciòn que se produzca cuando haya sucesiòn de normas y exista una situaciòn concreta anteriormente reconocida, asì como la prohibiciòn de cualquier tipo de discriminaciòn: se enriquecen actualmente con las reglas pro homine y el derecho al trato igual.

Cuando se deban aplicar las normas de los instrumentos internacionales relativas al trabajo, ha de estarse a la interpretaciòn que resulte màs favorable al individuo -pro homine- cuyo derecho se pretende tutelar, asì como debe darse prevalencia a la norma que signifique la menor restricciòn a dicho derecho (14). Este criterio hermenèutico -acudir a la norma màs amplia o interpretaciòn extensiva (cuando deban reconocerse derechos) y restringida (cuando se establezcan restricciones o suspensiones) - resulta fundamental pues los intrumentos internacionales prevèn casos de restricciones legìtimas y aùn la suspensiòn -en casos extraordinarios- del ejercicio de determinados derechos humanos. (15). Tal lo dispuesto en la Declaraciòn Universal de Derechos humanos (art. 29.2), PIDESC (art. 4), Pacto de San Josè de Costa Rica (art. 30).

Finalmente, la no discriminaciòn es un derecho en sì mismo, pero a la vez un principio de interpretaciòn que determina la forma de aplicaciòn de las normas sobre derechos humanos (16).

Advertimos con renovadas esperanzas, que los operadores del derecho hemos sido dotados de nuevos instrumentos - sumados a los anteriores- que nos permitiràn peticionar -y adoptar- resoluciones justas y humanitarias con el fin de preservar la paz social y afinzar la justicia, dentro de un orden democràtico y solidario.



LA MISION DE JUECES Y ABOGADOS

No obstante lo expuesto, y que algunos autores -como Juan Carlos Fernàndez Madrid- consideraban respecto al futuro de los principios del Derecho del Trabajo, que el garantismo legal serìa cada vez màs necesario; dichas recomendaciones no fueron atendidas y por el contrario, en el devenir històrico, la realidad actual es otra -y bien diferente-.

La legislaciòn “flexibilizadora”, con -supuestos- fundamentos en: la internacionalizaciòn del mercado, las exigencias de la competitividad, la reducciòn de costos, maximizaciòn de eficacia productiva (17) y fomento del empleo, sin embargo ha precarizado (18) -regresividad- las relaciones laborales y desprotegido al trabajo (19), en abierta contradicciòn a los principios que venimos analizando.

Por ello la OIT ha estimado oportuna y necesaria efectuar una Declaraciòn relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, destacando que la justicia social es esencial para garantizar una paz universal y permanente, que deberìa prestarse especial atenciòn a los problemas de personas con necesidades sociales especiales, que la garantìa de los principios y derechos fundamentales en el trabajo reviste una importancia y significado peculiares, asì como urge reafirmar la permanencia de los principios y derechos fundamentales inscriptos en la Constituciòn de la Organizaciòn, promoviendo su aplicaciòn universal (20).

Y, si bien es cierto que el Derecho del Trabajo està impregnado de circunstancialidad pràctica e històrica, tambièn es verdad que el movimiento obrero utiliza como palancas para mejorar el nivel de protecciòn la aspiraciòn sucesiva -o alternativa- a la diferenciaciòn y a la equiparaciòn, pero siempre buscando alcanzar un mejor nivel de protecciòn (20) -de manera progresiva-.

Hallamos entonces, a jueces y abogados en la encrucijada: del milenio que se agota y del nuevo que asoma, con ìmpetu y diversas cuestiones.

Realidad social que no es posible ignorar, màxime cuando el compromiso asumido es el de afianzar la justicia, en un orden democràtico, con la persona humana como centro, brindando igualdad de oportunidades para todos, y donde es necesario redoblar los esfuerzos por la tutela y promociòn para los màs debiles.

En este marco, hemos sostenido que, los principios protectorio - y sus reglas in dubio pro operario, de la selecciòn de la norma màs beneficiosa, subsistencia de la condiciòn màs favorable y de no discriminaciòn- como de progresividad han sido reafirmados y enriquecidos por la reforma de 1994. Dado que los instrumentos internacionales sobre derechos humanos deberàn interpretarse pro homine y conforme el principio -a su vez derecho- de no discriminaciòn. Compete a los tribunales locales interpretar, aplicar y hacer efectivas dichas garantìas constitucionales.

Los Jueces han jurado cumplir y hacer cumplir la Constituciòn Nacional (21), sistema normativo que tiene fuerza obligatoria y vinculante (22). Recordemos que la Corte Suprema ha resuelto con reiteraciòn que todos los jueces tienen el derecho y a la vez el deber de aplicar la Constituciòn Nacional - a la que debemos sumar los instrumentos internacionales con jerarquìa constitucional (23).- y asegurar su primacìa.

Los magistrados y abogados, como operadores, tienen la obligaciòn de dar aplicaciòn y eficacia a los derechos reconocidos en los tratados sobre derechos humanos (24). Pues, el sistema normativo constitucional es -al decir de Cornaglia- la expresiòn global del deber ser conjunto de la sociedad, es decir un programa de programas.

Tal es la exigencia actual para los jueces, a quiènes se exige protagonismo, funciòn directiva, creatividad, preocupaciòn por el proceso justo, garantismo de la defensa en juicio y sobre todo asegurar la efectiva vigencia de las garantìas jurisdiccionales que ya tienen un nuevo y globalizado techo de seguridad, al valer operativamente en el orden local (25) las pautas principios y estàndares que emanan de los instrumentos internacionales y su interpretaciòn -y aplicaciòn- por los òrganos pertinentes.

En igual medida, los abogados como auxiliares de la justicia deben colaborar en esta ardua tarea, con peticiones idòneas y sobre todo exigiendo la efectividad de la tutela de los derecho humanos en cada caso concreto.

CONCLUSIONES

La reforma constitucional de 1994, ha venido a reafirmar, enriquecer y extender los principios fundamentales del Derecho del Trabajo, especialmente el protectorio -y sus reglas in dubio pro operario, de la selecciòn de la norma màs beneficiosa, subsistencia de la condiciòn màs favorable y de no discriminaciòn- y el de progresividad.

Las normas sobre derechos humanos que tutelan especìficamente al trabajo y al trabajador -contenidas en instrumentos internacionales- tienen caràcter operativo y deben ser aplicadas en cada caso concreto.

Es misiòn de los jueces y abogados, poner al alcance del justiciable, en cada oportunidad que èste recurra a los tribunales, los instrumentos indispensables para la tutela y promociòn de sus derechos.

Las leyes flexibilizadoras -o desprotectoras- que vulneren los principios antes citados, deben ser neutralizadas por la interpretaciòn y aplicaciòn de las normas contenidas en la Ley Fundamental e instrumentos internacionales ya que poseen rango -constitucional- superior (26).

Es tarea de magistrados y auxiliares de la justicia, poner lo mejor de sì para el logro de un orden democràtico y social màs justo, situando a la persona humana como centro del sistema, con tutela y promociòn de los màs debiles; y en el àmbito laboral con protecciòn al trabajo -y al trabajador- eliminando cualquier forma de discriminaciòn -entre las màs odiosas se encuentran las que tienen como origen la pobreza y el analfabetismo-.

La protecciòn establecida por las normas de fondo, se extienden a las cuestiones procesales, dado que hay un refuerzo de las garantìas directamente operativas (27).

En fin, a setenta y siete años de los fusilamientos en la Patagonia, y cincuenta -casi- de la Declaraciòn Universal de Derechos Humanos, la lucha por alcanzar una sociedad màs justa, libre y solidaria, exige de los operadores del derecho una exègesis actualizada de los principios fundamentales del Derecho del Trabajo, asì como un efectivo compromiso con la defensa de los Derechos Humanos.


MARTA WILDEMER DE BOLESO HECTOR HUGO BOLESO
CORRIENTES, 31-07-98.



(1) Travieso, Juan Antonio: “Los nuevos paradigmas. Enfoques con nuevas consideraciones metodològicas .”, en: “ La aplicaciòn de Los tratados sobre Derechos Humanos por los tribunales locales”, Autores varios, Compiladores Martìn Abregù y Christian Courtis, CELS, Editores del Puerto SRL, Bs. As. 1997, pàg. 127 y ss.. En cuanto a la interpretaciòn que se hace del mundo del trabajo, desde diversos paradigmas coexistentes ver a Vasilachis de Gialdino, Irene:Una reflexiòn acerca del mundo del trabajo y de su regulaciòn”, SEPTIMO CONGRESO INTERNACIONAL DE POLITICA SOCIAL, LABORAL Y PREVISIONAL, Polìticas Sociales para la Justicia Social, FAES, Gràfica Sur Editora SRL, Bs. As. 1995, pàg. 6/19.

(2) Travieso, Juan Antonio: Ob. Cit., pàg. 136.; Wildemer de Boleso Marta y Boleso, Hèctor Hugo: “Jerarquìa Constitucional de los principios de celeridad y economìa procesal. Aplicaciòn en el proceso laboral.”, El Jurista, Revista Jurìdica del Nordeste nº 13, pàg. 186.; Bidart Campos, Germàn: “El derecho constitucional humanitario”, Ediar Bs. As. 1196, pàg. 27. En cuanto a la densidad conceptual del tèrmino “constitucionalismo”, ver a Nino, Carlos Santiago: “La Constituciòn de la democracia deliberativa”, Gedisa Editorial, España 1997, pàgs. 15/16.

(3) Plá Rodríguez, Américo: “Principios del derecho del trabajo”,, Edit. De Palma, Edic. 1978, pàg. 3.

(4) Fernández Madrid, Juan Carlos: “Tratado de Derecho del Trabajo”, FEYDE, La Ley , Bs. As., 1992, T 1, pág. 165.

(5) Cornaglia, Ricardo: “El ataque al principio de progresividad”, Errepar, D.L., marzo/94, pág. 175. ìdem.: “La reforma constitucional de la provincia de Buenos Aires y la consagraciòn en la misma de los derechos sociales”, DT 1995-A-43..

(6) Wildemer de Boleso, Marta y Boleso, Hèctor Hugo: “Principio protectorio (art. 14 bis C.N.). Derechos Humanos y proceso laboral”, XIX Congreso Nacional de Derecho Procesal, El derecho procesal en el umbral del Tercer Milenio, Corrientes, 1997, T I-236.

(7) Vanossi, Jorge R.: “Los tratados internacionales ante la reforma de 1994”, en:
“ La aplicaciòn de Los tratados sobre Derechos Humanos por los tribunales locales”, Autores varios, Compiladores Martìn Abregù y Christian Courtis, CELS, Editores del Puerto SRL, Bs. As. 1997, pàg. 105 y ss.

(8) Declaraciòn Universal de los Derechos del Hombre, Preàmbulo -Considerando Quinto-, Proclama, arts. 23, 25 y ccs. Disposiciones similares -en cuanto al derecho al trabajo, a una remuneraciòn justa, a la protecciòn contra la desocupaciòn-, contiene la Declaraciòn Americana de los Derechos y Deberes del Hombre -arts. XIV, XVI y ccs.-.

(9) Pacto de San Josè de Costa Rica, Preàmbulo, arts. 1, 2, 26 y ccs. El Pacto Internacional de Derechos Econòmicos, Sociales y Culturales (PIDESC), a su vez dispone que los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, que le aseguren en especial a) una remuneraciòn que proporcione a los trabajadores: I) un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, II) condiciones de existencia dignas para ellos y sus familias, b) la seguridad e higiene en el trabajo, c) igual oportunidad para la promociòn en el trabajo, d) el descanso, disfrute del tiempo libre, la limitaciòn de las horas de trabajo, las vacaciones periòdicas pagas y la remuneraciòn de los dìas festivos (art. 7).

(10) Protocolo Adicional a la Convenciòn Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos economicos, sociales y culturales -PROTOCOLO DE SAN SALVADOR-, art. 6, Derecho al Trabajo. Ver asimismo los arts. 7, 8 y 9, -Condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo, Derechos Sindicales v Derecho a la Seguridad Social -respectivamente-.

(11) Wildemer de Boleso, Marta y Boleso, Hèctor Hugo: “Principio protectorio (art. 14 bis C.N.). Derechos Humanos y proceso laboral”, XIX Congreso Nacional de Derecho Procesal, El derecho procesal en el umbral del Tercer Milenio, Corrientes, 1997, T I-236. Capòn Filas, Rodolfo: “Condiciones de Trabajo y Derecho, Editora Platense, La Plata, (en prensa); Bidart Campos, Germàn: “El Derecho de la Constituciòn y su fuerza normativa”, pàg. 94; Cornaglia, Ricardo: “Efectos jurìdicos de la ratificaciòn del programa social incumplido en la reforma constitucional”, DT 1996-A-22 y ss.

(12) Abramovich, Vìctor y Courtis, Christian: “Hacia la exigibilidad de los derechos econòmicos, sociales y culturales. estàndares internacionales y criterios de aplicaciòn de los tribunales locales, en: “La aplicaciòn de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales”, Autores varios, Compiladores Martìn Abregù y Christian Courtis, CELS, Editores del Puerto SRL, Bs. As. 1997, pàg. 283 y ss.

(13) Abramovich, Vìctor y Courtis C., Ob. Cit.,: C. Obligaciòn de Progresividad y prohibiciòn de regresividad en materia de derechos econòmicos, sociales y culturales pàgs. 334, 336 y ss.

(14) Moncayo, Guillermo: “Criterios para la aplicaciòn de las normas internacionales que resguardan los derechos humanos en el derecho argentino”, en: “La aplicaciòn de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales”, Autores varios, Compiladores Martìn Abregù y Christian Courtis, CELS, Editores del Puerto SRL, Bs. As. 1997, pàg. 89 y ss.

(15) Pinto Mònica: “El principio pro homine. Criterios de la hermenèutica y pautas para la regulaciòn de los derechos humanos”, en: “La aplicaciòn de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales”, Autores varios, Compiladores Martìn Abregù y Christian Courtis, CELS, Editores del Puerto SRL, Bs. As. 1997, pàg. 163 y ss.

(16) Declaraciòn Universal de Derechos Humanos (arts. 2, 7 y ccs. ), Pacto de San Josè de Costa Rica (art. 1), PIDESC (art. 2.2), PIDCP (art. 2.1., 26 y ccs. ), Protocolo de San Salvador (art. 3). Recomendamos los excelentes trabajos de: Saba, Roberto P.: “Discriminaciòn, trato igual e inclusiòn”, en: “La aplicaciòn de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales”, Autores varios, Compiladores Martìn Abregù y Christian Courtis, CELS, Editores del Puerto SRL, Bs. As. 1997, pàg. 561 y ss., y Tarducci, Mònica: “Multiculturalismo y Derechos Humanos”, Cuentas Pendientes, Publicaciòn de la Càtedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofìa y Letras UBA, nº 6, junio/98, pàgs. 8/9.

(17) Lòpez, Ernesto: “Globalizaciòn y Democracia”, REUN, Editorial La Pàgina S.A., Bs. As. 1998, pàg. 22 y ss.. Respecto al discurso utilizado por funcionarios de los poderes del Estado y la prensa escrita, dotado de capacidad para construir la realidad social y proveeer a los actores sociales de modelos interpretativos recomendamos ver: Vasilachis de Gialdino, Irene: “Enfermedades y Accidentes Laborales. Un anàlisis sociològico y jurìdico”, Abeledo Perrot, Bs. As. 1992, Aut. Cit.: “La construcciòn de representaciones sociales. DISCURSO POLITICO Y PRENSA ESCRITA. Un anàlisis sociològico, jurìdico y lingüìstico”, Gedisa Editorial, Barcelona (España) 1997.

(18) Gambina, Julio C.: “La Crisis de las bolsas: ¿Crisis del capitalismo?, Cuentas Pendientes, Publicaciòn de la Càtedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofìa y Letras UBA, nº 5, abril/98, pàgs. 2/3.

(19) Ver Informe sobre la situaciòn de los Derechos Humanos en Argentina 1997, CELS, EUDEBA 1998, especialmente respecto a la LRT, pàg. 364/366. Bayer, Osvaldo: “Globalizaciòn y Derechos Humanos -¿Còmo volverse màs pobre trabajando?-”, Cuentas Pendientes, Publicaciòn de la Càtedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofìa y Letras UBA, nº 6, junio/98, pàgs. 10/14. Fernàndez Madrid, Juan Carlos: IX CONGRESO DE POLITICA SOCIAL LABORAL Y PREVISIONAL, Polìticas Sociales para la Justicia Social, “Pròlogo”, FAES, 7/15.

(20) Declaraciòn de la O.I.T. relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo . T y SS, julio- 1998, pàgs. 725/726)


(20) Plà Rodrìguez, Amèrico: “El rol de las normas internacionales de trabajo en el proceso de integraciòn econòmica”. T y SS mayo-1998, pàg. 445 y ss.

(21) Boleso, Hèctor Hugo: “La declaraciòn de inconstitucionalidad de oficio”, ponencia presentada a las SEGUNDAS JORNADAS NACIONALES DE LA MAGISTRATURA LABORAL, 19/21-06-97, Santa Fe.

(22) Bidart Campos, Germàn: El derecho de la Constituciòn y su fuerza normativa, Ediar, Bs. As. 1995.

(23) Moncayo, Guillermo: “Criterios para la aplicaciòn de las normas internacionales que resguardan los derechos humanos en el derecho argentino”, en: “La aplicaciòn de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales”, Autores varios, Compiladores Martìn Abregù y Christian Courtis, CELS, Editores del Puerto SRL, Bs. As. 1997, pàg. 89 y ss.

(24) Bidart Campos Germàn: “El art. 75 inc. 22, de la Constituciòn Nacional y los Derechos Humanos”, en: “La aplicaciòn de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales”, Autores varios, Compiladores Martìn Abregù y Christian Courtis, CELS, Editores del Puerto SRL, Bs. As. 1997, pàg. 77 y ss.

(25) Morello, Augusto M.: “Perfil del Juez al final de la centuria”, Rev. LL 09-06-98.

(26) Tal como ha sucedido con la LNE -24.013-: STJ de Rìo Negro, Sala A, JA 1994-II-169; CNAT, Sala III (DT 1996-B-2390), Sala II -sent. 60.573/90-, Sala VIII, sent. 5016/93, Sala VI, sent. 34.331/90, Sala II (TySS 97-914), Sala III (TySS 97-918), Sala VII (TySS 97-919); Juzgado del Trabajo nº 42, sent. 4817/89;ìdem. sent. 4219/91 (DT 1996-B-2391); Juzgado Laboral nº 1 Corrientes sent. 94/97 -confirmada por Càmara Laboral. Respecto a la LRT -24.557-: T.Trab. San Isidro nº 2 (TySS 97-696, Errepar DL oct/97-1001 -con nota a fallos de Fernàndez Madrid, Juan Carlos: “El derecho de daños y la plicaciòn de la Constituciòn Nacional, Errepar DL oct/97-1004 ), T. Trab. nº 1 Bahìa Blanca (Errepar DL, oct/97-994), T.Trab. nº 2 de Lanùs (Errepar DL feb/98-229), CNAT, Sala VI, T. Trab. nº 4 La Plata, T. Trab. nº 1 Quilmes, ìdem. , T. Trab. nº 3 San Isidro, Juzgado del trabajo nº 2 Gualeguaychù y Juzgado Federal de 1a. Instancia Mendoza (TySS 98-590, 595, 606, 609, 612, 614 y 619 -repectivamente-)

(27) Morello, Augusto M.: “El impacto de las reformas constitucionales en el sistema de justicia”, Rev. ED 02-03-98.

No hay comentarios:

Publicar un comentario